• LOMEGA y Asociados

DERECHOS HUMANOS DE LOS HIJOS DE LAS MUJERES RECLUIDAS EN EL INTERIOR DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Por: M.D. Cándido López Méndez


1.- INTRODUCCIÓN.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional de derechos humanos, con objeto de armonizar el contenido de la Constitución Federal y el derecho convencional vigente en la materia.


Dicha reforma constituye, según la opinión del ministro en retiro Juan N. Silva Meza, la apertura del derecho interno a los tratados internacionales de derechos humanos, incorporando en el artículo primero de la Norma Suprema los principios, pautas normativas y obligaciones, que, en el ámbito internacional, tienen las autoridades del Estado frente a los derechos de las personas; ya que, a partir de la reforma en cita, se otorga rango constitucional a los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.


También sostiene que, la efectividad de dicha reforma depende del conocimiento que tengan las personas y los operadores jurídicos de las normas internas e internacionales, que fijan el contenido y alcance de los derechos humanos; en virtud de que dicho conocimiento implica el análisis de los principales derechos de la persona, con base en la doctrina, legislación y los criterios de interpretación emitidos por los tribunales de la Federación y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos.

Lo anterior, según afirma, es necesario para conocer las bases que permitan una mejor comprensión de los temas relativos a los aspectos de los derechos humanos, como son: concepto, marco jurídico, principios rectores, características, clasificación, reglas de interpretación, obligaciones correlativas, suspensión y restricción.


En tal virtud, según dice, como el fundamento de los derechos humanos lo constituye la dignidad humana por razón de su intrínseca naturaleza, todo ser humano debe gozar de una serie de libertades y prerrogativas que le permitan vivir como tal y alcanzar su pleno desarrollo, la titularidad de los derechos humanos se extiende enteramente al género humano; por ello, los Estados, con independencia de su sistema político, económico y social, deben reconocerlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos[1], especialmente cuando se trata de hijos menores de mujeres privadas de su libertad, que por dicha circunstancia se ven obligados a convivir en el interior de un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la medida de seguridad o de una sanción privativa de la libertad.


2. DESARROLLO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.

El marco normativo de protección de los derechos humanos de los hijos menores de las mujeres recluidas en el interior de los centros penitenciarios, está regulado, entre otros ordenamientos, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[2]; Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptada por la ONU[3]; Convención sobre los Derechos del Niño[4]; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)[5]; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”[6]; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes[7]; Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes[8]; Ley Nacional de Ejecución Penal[9]; Código Penal Federal[10]; y, Código Nacional de Procedimientos Penales[11].


En efecto, la Constitución Federal establece en el artículo primero que, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; las cuales, según dice, no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece (Párrafo reformado DOF 10-06-2011). También señala expresamente que, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011). Asimismo, regula que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.


Sin embargo, el “Informe especial sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana 2013”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), muestra las condiciones en las que viven las mujeres privadas de su libertad, quienes, según se afirma, representan el 4.8 por ciento de la población encarcelada; pero el dato quizá más relevante, considerando que no existen las condiciones para su desarrollo dentro de los penales, es que, según se informa, hay 377 menores de edad viviendo con sus madres y 48 mujeres embarazadas, hasta diciembre de 2012; del cual se advierte que la privación de la libertad de la mujer con hijas e hijos no sólo la impacta a ella sino que se hace extensiva a los mismos, sobre todo a los menores de edad (63.3 por ciento).


Ahora bien, del análisis sistemático y funcional del marco normativo anteriormente citado, se desprende que la convivencia de las y los niños con sus madres en la prisión es un derecho contemplado en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptada por la ONU desde el año de 1955, en el cual se estipula la obligatoriedad de la atención, antes y después del parto de la interna, así como la instalación de guarderías para la atención de las hijas e hijos que nazcan durante la reclusión de la madre, y para las y los que vivan con ellas en los centros de reclusión[12].


También se advierte que, la niña o el niño tiene derecho a la convivencia familiar, a la lactancia materna, a recibir los cuidados de ambos progenitores, a conocer su identidad, a su integridad física y psíquica, a tener las condiciones necesarias para su desarrollo, a la educación y a la salud y todos aquellos derechos que se contemplan en la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes; y que al ratificar en 1991 la Convención de los Derechos de la Niñez, nuestro país adquirió el compromiso de velar porque las instituciones públicas o privadas, de bienestar y asistencia social, de salud, educación y justicia, al momento de tomar decisiones que conciernan a niñas, niños y adolescentes, garanticen el reconocimiento y el respeto de sus derechos.


Por lo que, en cumplimiento de dicha obligación, en relación con las niñas y niños que viven con sus madres al interior de los centros femeniles de reinserción social, el Estado tiene una doble labor en cuanto a garantizarles un espacio y estadía de calidad preservando el pleno ejercicio de sus derechos; sin embargo, se estima que entre mil doscientos y dos mil menores de edad viven con su madre en los reclusorios en donde purgan una sanción o medida de seguridad.


La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en 2014, tiene como uno de sus principales objetivos reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los DH de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados de los que México forma parte.


Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se establece que las autoridades competentes deberán brindar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de Derechos Humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; promover la participación y tomar en cuenta su opinión, considerando los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; y establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas, legislación y compromisos de tratados internacionales.


El artículo 23, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que, tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad; asimismo, que las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables; este derecho sólo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior[13].

El artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula el procedimiento que se debe seguir respecto de Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos; el tipo de atención para las embarazadas y los hospitales en donde se prestará dicho servicio; cómo se debe realizar el registro del nacimiento de hijos en hospitales del Centro Penitenciario; la edad máxima del niño o de la niña para permanecer con la madre que está privada de la libertad; el régimen de convivencia en el Centro Penitenciario hasta que el hijo cumpla tres años de edad; quién debe autorizar la estancia del menor en el interior del Centro Penitenciario, así como la obligación de notificar a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas, en dicho supuesto; en qué caso se puede solicitar la ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez; y, que en caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la condición de salud de la mujer o del producto requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas del Sector Salud.


También establece que las mujeres privadas de su libertad tienen derecho a que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años de edad; a que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso, el tratamiento que proceda.


Todas las decisiones y actuaciones, así como disposiciones jurídicas adoptadas por las autoridades del Centro Penitenciario, respecto al cuidado y atención de las madres privadas de su libertad y de su hija o hijo con quien convive, deberán velar el cumplimiento de los principios pro persona y el interés superior de la niñez, así como el reconocimiento de niñas y niños como titulares de derechos.


Los Centros habilitarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado de las niñas y niños, a fin de que las mujeres privadas de la libertad puedan participar en actividades de reinserción social apropiadas para las embarazadas, las madres lactantes y las que tienen hijas o hijos.


En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de su hija e hijo y a petición de ella se facilitará la comunicación con el exterior para que se ponga en contacto con la familia de origen y se hará del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas en un término no mayor a veinticuatro horas contado a partir del nacimiento, a efecto de que adopte las medidas especiales, previstas en las disposiciones aplicables.


Las sanciones disciplinarias que se adopten a mujeres embarazadas y de quienes hayan obtenido la autorización de permanencia de su hija o hijo, deberán tener en cuenta en todo momento su condición, así como sus obligaciones como madre. No podrá figurar la prohibición del contacto con sus familiares especialmente con sus hijas o hijos. Sólo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un período limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguridad y el orden.


No podrán aplicarse sanciones de aislamiento a las mujeres embarazadas, a las mujeres en período de lactancia o las que convivan con hijas o hijos. No se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres que estén en término o durante el parto ni en el período inmediatamente posterior.


El personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional y respetuosa al realizar actos de revisión donde se encuentren niñas y niños. Las visitas en que participen niñas, niños y adolescentes, se realizarán en un entorno propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento del personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus hijos.


El Centro Penitenciario, en el protocolo correspondiente, establecerá las disposiciones necesarias para garantizar los términos y condiciones bajo las cuales las hijas e hijos que viven con sus madres en el Centro pueden salir del mismo para realizar visitas a otros familiares, actividades de esparcimiento u otra actividad que deba realizarse fuera del mismo. Lo anterior, no implica la pérdida de la guardia y custodia de la madre privada de la libertad, ni el egreso definitivo del Centro [14].


III. CONCLUSIÓN.

Como se demostró durante el desarrollo del tema de investigación, existe un marco jurídico amplísimo de normas constitucionales, convencionales y legales que garantizan los derechos humanos de los hijos de mujeres privadas de la libertad en el interior de los Centros penitenciarios; particularmente de los derechos relativos a la custodia y permanencia de los niños junto a la madre privada de la libertad; asimismo, respecto del procedimiento para su ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo del centro correspondiente de las hijas e hijos que vivan en los Centros Penitenciarios con sus madres privadas de la libertad.


Sin embargo, en criterio del suscrito, se considera que en el Programa de Tratamiento Individual regulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionado con la clasificación e individualización de las mujeres privadas de la libertad, se debería establecer un trato especial para las mujeres que tienen hijos menores de 12 años, con objeto de proponer instalaciones de características distintas a los actuales Centros Penitenciarios; con el fin de evitar, en lo posible, que la medida de seguridad o de sanción privativa de la libertad impuesta a las mujeres infractoras, trasciendan a sus hijos, quienes por dicha circunstancia, es altamente probable que resulten afectados en el libre desarrollo de su personalidad, por el impacto que provoca la convivencia familiar dentro de un Centro de Reclusión Social, lo cual, sin duda, violenta uno de los derechos humanos vitales para dichos menores, que incidirá en la vida adulta de dichas personas, que repercutirá en la comunidad social.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS. [1] En este punto se toma como referente el contenido de la presentación realizada por el ministro Juan N. Silva Meza, Expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en el primer número de la publicación de la Serie denominada “Derechos Humanos”, Parte General, Tercera reimpresión: julio de 2016, fojas VII, VIII y IX.  [2] Artículos 1º, 3º, 4º y 18. [3] Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. [4] Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Su origen fue la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, redactada por Eglantyne Jebb, una fundadora de la organización internacional Save the Children. La propuesta de Jebb fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924. La Organización de las Naciones Unidas aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos de la infancia. Sin embargo, posteriormente se llegó al convencimiento de que las particulares necesidades de los niños y niñas debían estar especialmente enunciadas y protegidas. Más tarde, en 1959, se aprobaría la Declaración de los Derechos del Niño, que cuenta con 10 artículos. [5]Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.- Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1). Consta de 30 artículos. Y en su artículo primero dispone: Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. [6] HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Para cumplir con las obligaciones derivadas de dicha convención, en México se promulgó la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, la cual, en el artículo primero establece: ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo reformado DOF 20-01-2009. [7] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014; en la cual se indica que dicha legislación tiene por objeto: I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración (Fracción reformada DOF 23-06-2017). [8] Artículo 53. Conservar la custodia. Las madres adolescentes tendrán derecho a permanecer con sus hijas e hijos menores de tres años mientras dure la medida de internamiento, en lugares adecuados para ella y sus descendientes dentro del Centro de Internamiento correspondiente. Asimismo, tendrán derecho a recibir, de las autoridades competentes, los insumos y servicios necesarios para su desarrollo.- Una vez que la hija o el hijo han cumplido los tres años, el Órgano Jurisdiccional determinará su situación jurídica, siempre tomando en cuenta la opinión de la Procuraduría de Protección competente para garantizar su interés superior. [9] LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario.- Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a: I. La maternidad y la lactancia; (…) VI. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables; VII. Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario; VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable; IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado.- Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.- Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas; X. Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud específicas, y XI. Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables. [10] Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son: (…) 17.-Medidas tutelares para menores. [11] Únicamente en lo no previsto por la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes. [12] 23. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres. 53. 1) En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de un funcionario femenino responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. 2) Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. 3) La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres. [13] Art. 23. (…) Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. [14] Artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

BIBLIOGRÁFICA.

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

3.- Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989

4.- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.- Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1). Consta de 30 artículos.

5.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”; HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

6.- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

7.- Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes; Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

8.- Ley Nacional de Ejecución Penal. Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario.

9.- Código Penal Federal. Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son: (…) Medidas tutelares para menores.

10.- Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente en lo no previsto en el Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes.


Autor del artículo: M.D. Cándido López Méndez

17 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

© 2018 por Voltaire Global

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Negro Círculo